La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española y la solidaridad entre todas ellas, estableciendo al respecto:

Que el Estado garantiza esa realización efectiva velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre todas ellas, sin atender a ninguna particularidad.

Que el Estado garantiza el principio de solidaridad velando por el establecimiento de un equilibrio que implique proporcionalidad económica y social entre las distintas Comunidades Autónomas.